El desplazamiento forzado de la población es una de las situaciones que más atentan contra los derechos humanos, pues conjuga la violación de muchos de estos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En sus 30 artículos, el documento detalla los derechos fundamentales de índole civil, cultural, económica, política y social que deben disfrutar las personas en todos los países.
En el caso de las familias desplazadas en Cundinamarca, se les violan varios derechos:.
la vida (artículo 3o.), pues el desplazamiento ha implicado la muerte del jefe de familia y usualmente la mujer toma el lugar de cabeza de hogar.
trabajo (artículo 23), ya que al abandonar su sitio de arraigo, deja también la forma de derivar su sustento.
la propiedad privada (artículo 17) dice que "nadie será privado arbitrariamente de su propiedad"; sin embargo, el generador del conflicto social obliga al desplazado a salir, sin derecho a reclamar la tierra que le pertenece.
A la seguridad social, pues bien lo detalla la Declaración en su artículo 22, que el Estado debe satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Otros derechos que se vulneran a las familias desplazadas son los de circular libremente y a elegir su residencia (artículo 13), un nivel de vida adecuado (artículo 25) y acceder a la educación (artículo 26). Igualmente, como se desintegra la familia, se infringe el artículo 16 que invoca a esta como el elemento natural y fundamental de la sociedad.
Desplazados por la insurgencia.
"Con tal de cumplir con la consigna de El fin justifica los medios , los grupos guerrilleros continúan ejecutando actos delictivos que rayan en la barbarie", afirma un informe de la Brigada XIII del Ejército, con jurisdicción en el departamento, en el que relaciona algunas violaciones al derecho Internacional Humanitario (DIH).
El común denominador de estas acciones, dice el documento, son los asaltos a poblaciones, la colocación de artefactos explosivos en vehículos o sobre zonas de amplio tráfico humano y automotor, lo mismo que el empleo de armas no convencionales.
Varias poblaciones de Cundinamarca y, obviamente, algunos de sus habitantes han sufrido, entre ellos se citan durante el 2001:.
de febrero: inspección de Sueva (Gacheta), dos civiles heridos.
de febrero: vereda Alto de Miraflores, Inspección de San Roque (Gachalá), una anciana de 70 años resultó herida como consecuencia de la explosión de una granada de fragmentación.
de marzo: inspección de Sueva (Junín) , guerrilleros de la cuadrilla 53 de las Farc hostigan el puesto de policía de la localidad, hiriendo al subintendente Daniel Guerrero Martínez, hechos a los que se les podrían agregar otros.
Qué dice la ONU?.
El 17 de abril pasado, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Robinson, presentó su informe anual sobre la situación en Colombia.
Según el documento, los derechos humanos en Colombia continúa deteriorándose con un incremento en las matanzas, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado y los ataques y amenazas contra la población civil.
La Alta Comisionada destacó algunos avances en la legislación colombiana en el tema de derechos humanos, como la ley que penaliza la desaparición forzada, el genocidio y la tortura, y la ratificación de la Convención para la Eliminación de Minas Anti-personales.
Sin embargo, dijo que estas leyes no han reducido la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos, y que los defensores de derechos humanos, así como los dirigentes sindicales y comunitarios, son los más vulnerables.
El informe critica también a los grupos insurgentes por los ataques contra la población civil, la práctica del secuestro y el asesinato de adversarios heridos en lo que llamó "un total desprecio por los preceptos humanitarios básicos".
BIBLIOGRAFIA.
juan Carlos Domínguez Redactor de EL TIEMPO
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